La situación de los defensores ambientales en Honduras continúa siendo crítica, marcada por la violencia, la impunidad y la ineficacia de los mecanismos de protección existentes. A pesar de la existencia de una Ley de Protección y un Mecanismo Nacional de Protección derivado de ella, los asesinatos y agresiones contra quienes defienden el medio ambiente han aumentado en los últimos años, colocando a Honduras como uno de los países más peligrosos del mundo para esta labor.
La ley ha sido objeto de reformas, incluyendo la incorporación de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) al comité técnico del Mecanismo de Protección. Este comité, compuesto por diversas instituciones, se encarga de deliberar sobre las medidas de protección y su implementación. Sin embargo, la inclusión de nuevas entidades no ha generado cambios significativos, y se reportan retrasos de hasta tres meses en las reuniones del comité. El presupuesto asignado al mecanismo desde el Congreso Nacional sigue siendo insuficiente, y el sistema, en general, se considera inoperante.
Existe escepticismo sobre la efectividad de las medidas anunciadas por el gobierno para intensificar la protección de los ambientalistas. Se argumenta que en tres años no se han implementado medidas concretas, evidenciado por casos como el de la Alianza Ambientalista (ALAN) y los constantes asesinatos, amenazas y persecuciones que quedan sin resolver, no solo por el Mecanismo de Protección, sino también por el Ministerio Público. La investigación de crímenes y atentados es prácticamente nula.
Además, se critica la falta de ratificación del Acuerdo de Escazú, un instrumento internacional que promueve la protección integral de los defensores ambientales. A pesar de la fuerte incidencia de organizaciones como la Red Hondureña por Escazú, el gobierno no ha dado respuesta a esta demanda. Se enfatiza que la protección no se limita a un mecanismo o una ley, sino que requiere la cancelación de proyectos que generan conflictos ambientales, lo cual no se ha abordado.
La impunidad en los crímenes contra ambientalistas es un problema grave. El caso del asesinato del ambientalista Juan López es un ejemplo de la falta de avances en las investigaciones por parte del Ministerio Público. Se demanda justicia para él y otros defensores asesinados. Se señala que el Ministerio Público no ha priorizado estas investigaciones ni ha actuado de manera preventiva ante las denuncias de persecución y amenazas de muerte. La impunidad en temas ambientales en Honduras alcanza el 98%, lo que refleja la gravedad de la situación.
Finalmente, se critica el uso del tema ambiental y de los defensores del medio ambiente como un tema de campaña política, especialmente en un año electoral, en lugar de abordarlo como un asunto sensible y prioritario para la población. Se plantea que los partidos políticos utilizan la defensa del medio ambiente como una estrategia para ganar votos, sin un compromiso real con la protección de los defensores y la resolución de los conflictos ambientales.
