La decisión de prorrogar el convenio de extradición genera diversas interpretaciones y análisis. Se considera una medida «inteligente» para el país, aunque se percibe falta de transparencia en su ejecución. La prórroga, al dejar la resolución definitiva al próximo gobierno, plantea interrogantes sobre la seguridad del partido gobernante en las próximas elecciones.
Se sugiere que presiones externas, particularmente del gobierno de Estados Unidos, influyeron en la decisión, así como la presión interna de la empresa privada y la sociedad civil hondureña, conscientes de los riesgos que implicaría la finalización del tratado, especialmente en un contexto nacional marcado por la presencia del narcotráfico.
Se anticipa que el candidato ganador en las elecciones de noviembre deberá priorizar, entre noviembre y enero, la conformación de una comisión que asegure la continuidad del convenio, evitando su pérdida. El proceso político en el Congreso Nacional se vislumbra complejo, dado el interés de algunos sectores en evitar la extradición. El futuro gobierno enfrentará el desafío de mantener firme el acuerdo, evitando modificaciones o la introducción de plazos que puedan comprometer su efectividad.
Existe la percepción generalizada de que la familia presidencial podría verse afectada por este convenio, mencionando la aparición de algunos de sus miembros en videos relacionados con actividades ilícitas. Se especula que el rechazo inicial del convenio pudo estar motivado por la intención de proteger a miembros de la familia presidencial, y que la aceptación actual responde a ciertas condiciones o restricciones desconocidas por la población, negociadas con el gobierno de Estados Unidos. Se intuye que el gobierno estadounidense contaba con elementos de presión para lograr este acuerdo.
