El jefe de Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, ha decidido desistir de presentar una denuncia contra 12 medios de comunicación del país, luego de las críticas recibidas por sus declaraciones en las que amenazaba con demandar a estos medios por publicar investigaciones e información sobre la institución y su liderazgo. Estas amenazas suscitaron preocupación en la sociedad hondureña, ya que se consideró un intento de socavar la libertad de expresión y de prensa, así como la confianza en los periodistas.
Hernández confirmó a un medio local que, ante los llamados del gremio periodístico, había decidido no seguir adelante con la denuncia. Desde la Secretaría de Derechos Humanos se aclaró que durante los tres años del gobierno actual no se ha silenciado a ningún medio de comunicación. Además, se enfatizó en que el objetivo es que los medios informen con veracidad y verifiquen adecuadamente sus fuentes.
La Secretaría de Derechos Humanos hizo un llamado respetuoso a los medios de comunicación y a los periodistas para que no realicen campañas de desprestigio, difamación y odio. Se subrayó la importancia de que la verdad prime en cada denuncia y se garantizó que los periodistas puedan ejercer su labor en pleno uso de sus derechos humanos. Es válido señalar, criticar y cuestionar a cualquier funcionario público de cualquier institución del Estado de Honduras, pero siempre bajo la premisa de la verdad y no de la difamación y campañas de odio y discriminación.
Desde el enfoque legal, se considera que el jefe de Estado Mayor Conjunto podría haberse sentido amenazado por las publicaciones y buscó en la presentación de una querella una manera de contrarrestar esta percepción. Sin embargo, este tipo de acciones no solo afecta negativamente la relación con la prensa, sino que también pone en evidencia el poder que ejerce el jefe de Estado Mayor Conjunto dentro de la institución, lo cual resulta lamentable ante la sociedad.
Un ciudadano hondureño expresó su descontento, mencionando que la gente ha perdido el respeto a las Fuerzas Armadas debido al comportamiento del jefe del Estado Mayor Conjunto. Según él, el daño más grande a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas ha sido causado por el propio Hernández y no por los medios de comunicación.
En este contexto, es fundamental que las instituciones del Estado mantengan un respeto firme por la libertad de expresión y de prensa, elementos clave de la democracia. Cualquier controversia debe ser resuelta a través del diálogo y el respeto mutuo, sin recurrir a medidas legales que puedan dañar la imagen de las Fuerzas Armadas y la confianza de la población hondureña.